El Partido de la de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), los dos grandes opositores del gobierno de la presidente Felipe Calderón, manifestaron su rechazo a la propuesta del ejecutivo, que pretende que capitales privados participen en la estatal petrolera mexicana Pemex.
Al respecto, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, llamó a hacer un estudio exhaustivo de la propuesta de Calderón para rechazar cualquier modificación que suponga compartir las ganancias petroleras con empresas privadas nacionales o extranjeras.
A su vez, Paredes reveló que su partido se opondrá a la entrega de la construcción y operación de las nuevas refinerías a entidades privadas, uno de los puntos fundamentales de la reforma energética, informó la agencia Prensa Latina.
La dirigente del PRI, en cambio, propuso crear filiales de Pemex para dar incluir a los gobiernos de los diferentes estados del territorio mexicano en actividades de servicios. Entre otras cosas, Paredes agregó que su grupo político exigirá modificaciones a la moción oficialista.
En tanto, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien obra en representación del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, anunció que este propondrá su propio proyecto de reforma energética, basado en destinar todos los excedentes petroleros al fortalecimiento de PEMEX para invertirlos en exploración, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de oleoductos e instalaciones sin necesidad de participación del capital privado, informó la agencia.
La reforma propuesta por Calderón causó una aireada protesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que representa a la izquierda mexicana y es la segunda fuerza política nacional, ya que decidió tomarse las gradas del Congreso en señal de disconformidad.
Su intención es hacer que el proyecto tenga un debate más amplio en el legislativo porque creen que el principal objetivo del ejecutivo es privatizar a Pemes a través de esta reforma. La estatal petrolera es el sexto productor de crudo del mundo y un símbolo de la soberanía mexicana desde 1938.
La discusiones se extenderán por 71 días más en el edificio del Senado de la República antes del análisis parlamentario de los proyectos que se presentan sobre el tema.
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