En medio del conflicto por el desdoblamiento del pago de aguinaldos, el gobierno bonaerense anunció anoche un nuevo plan. Esto es, intentará adherirse a la Ley de Emergencia Económico-Financiera nacional, decretada en 2002 y prorrogada en diciembre de 2011, con el objetivo de cumplir con el pago a los estatales.
Así lo formuló el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, en declaraciones en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata, donde sostuvo que esa ley “permitiría renegociar contratos, no laborales, sino con empresas y contratistas”.
Dijo además que “también nos permitiría contar con instrumentos financieros, algunos de los cuales posibilitarían acelerar los pagos del medio aguinaldo” previsto hasta ahora en cuatro cuotas.
Pérez presentó además el texto del decreto 558 firmado por el gobernador Daniel Scioli y todos sus ministros el pasado 5 de julio, que establece el pago en cuotas del aguinaldo para los empleados estatales.
Si el gobierno provincial logra avanzar por ese lado, en medio de presiones del kirchnerismo para que no declare la emergencia, el gobernador Daniel Scioli contará con una serie de herramientas para intensificar el ahorro y los planes de "austeridad" que pretende llevar adelante para mitigar el déficit fiscal bonaerense.
Horas antes del comienzo de un nuevo paro de trabajadores estatales en la Provincia, en esta ocasión por 48 horas, hoy y mañana jueves, Scioli afirmó en el evento de la UIA que la administración que lidera sigue trabajando con "el objetivo de pagar los aguinaldos lo antes posible".
"Estamos haciendo un esfuerzo para poder terminar con eso, ese es el espíritu (...) Lo que queremos es dar tranquilidad a los trabajadores", insistió.
El último fin de semana, legisladores provinciales enrolados en espacios ultrakirchneristas adelantaron que no acompañarán una declaración de emergencia económica impulsada por Scioli y que allane el camino para efectuar recortes presupuestarios.
Según publicó el diario El Día de La Plata, en ese contexto, Scioli decidió acelerar negociaciones que se vienen realizando desde hace tiempo con el Ministerio de Economía de la Nación y con el Banco Central.
La intención de la Provincia es poder utilizar, para financiar el pago del aguinaldo, los BOGAR, títulos públicos nacionales con vencimiento en el 2018 que están en poder del Banco Provincia.
Técnicamente, esos bonos constituyen un activo financiero del BAPRO, pero por disposiciones nacionales deben permanecer inmovilizados ya que constituyen la garantía de una deuda -asumida en su momento como consecuencia de la crisis de 2001- que a su vez mantiene la administración provincial con el Gobierno federal.
Las negociaciones, entonces, apuntan a un acuerdo a través del cual la Nación y el Banco Central autoricen a la Provincia a poder utilizar su tenencia en BOGAR, que alcanza un valor técnico del orden de los 6.300 millones de pesos, aunque la intención sería colocar en el mercado no más de entre 800 y 1.000 millones de pesos.
Junto a una serie de medidas vinculadas a reasignación y reducción de gastos, la utilización de parte de los BOGAR es, justamente, uno de los puntos que pensaba incluir Scioli en el proyecto de ley de emergencia económica, de modo que lo se se buscará ahora es que esa medida pueda concretarse mediante un acuerdo con la Nación.
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