La consulta popular a la que serán sometidos los mandatos de los prefectos bolivianos y el presidente, programada para el próximo domingo, se llevará a cabo de todos modos, a pesar de los crecientes conflictos sociales y las dudas sobre el Padrón Electoral y la fórmula de lectura de resultados del referéndum revocatorio.
Efectivamente, el gobierno de Bolivia anunciaba durante el día de ayer que el proceso electoral del 10 de agosto está garantizado y que, de ser necesario, utilizará la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes de buen gobierno que emitan las prefecturas para lograr este fin.
A sólo cuatro días de que se realice el referéndum revocatorio de mandato, la violencia se profundizó en Bolivia, provocando la muerte de dos mineros. Alfredo Rada, ministro gubernamental, consideró, por su parte, que aquéllos sectores que están movilizándose buscan un objetivo político, cuyo fin es evitar que se lleve a cabo la consulta popular del domingo.
“Todas estas movilizaciones están apuntando a intentar hacer fracasar el referéndum revocatorio y nosotros creemos que no lo van a lograr”, aseguraba Rada, luego que tuvieran lugar los enfrentamientos entre efectivos del orden y mineros en Caihuasi, que terminaron con dos muertos y 36 heridos.
Sesión suspendida
Por otra parte, Evo Morales tuvo que suspender su comparecencia ante el Congreso boliviano programada para el día de hoy, en la que brindaría su informe anual de gestión, debido a que la sede tradicional del Poder Legislativo, la ciudad de Sucre, se negó a recibirlo.
"Para garantizar la seguridad física de los congresistas, para garantizar la seguridad física de los representantes y miembros del cuerpo diplomático, he decidido suspender la sesión del Congreso", afirmaron, refiriéndose a la sesión que debió realizarse este miércoles, como parte de los actos de la celebración de la fundación de Bolivia, hace 183 años.
Por tal motivo, el Poder Ejecutivo informó que Morales brindará su informe de gestión desde los balcones de la casa presidencial, en la plaza de Armas de La Paz.
El Congreso debía trasladarse a Sucre, junto a las autoridades de todos los poderes del Estado y cuerpo diplomático acreditado en La Paz, para su sesión anual y participar de los sendos desfiles civiles, militares y policiales.
Pero Sucre condicionó aceptar la llegada de Morales a si primero pedía perdón a sus pobladores por la represión policial en noviembre del año pasado, cuando se registraron tres civiles muertos durante un asedio a la Asamblea Constituyente que sesionaba allí.
El gobierno dijo que el presidente no tenía por qué pedir disculpas, lo que cerró cualquier posibilidad de conciliar una agenda de celebraciones entre la prefectura de Chuquisaca y el poder Ejecutivo.
Morales tampoco pudo recibir el martes a sus homólogos Cristina Kirchner (Argentina) y Hugo Chávez (Venezuela), con quienes tenía pactado un encuentro en la sureña Tarija. Severas protestas cerca al aeropuerto donde debían llegar obligaron a cancelar la cita.
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