Silvia Salame, la única jueza del TC, alegando el respeto a la jurisprudencia constitucional, había declarado durante el día de ayer que la Corte Nacional Electoral (CNE) no podía seguir conduciendo el referéndum revocatorio de mandato, mientras el órgano de control constitucional no se pronuncie sobre una demanda interpuesta por el diputado Arturo Murillo (UN) contra dicho proceso electoral.
El recurso presentado por Murillo califica de ilegal al referéndum, debido a que tal ejercicio no está contemplado en la Constitución vigente. Sin embargo, el instrumento jurídico presentado al TC no toma en cuenta que el plebiscito fue aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Evo Morales.
Tal decisión de la magistrada provocó que, inmediatamente, el gobierno que preside Evo Morales manifestara su rechazo, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, quien anunció la iniciación de un juicio por prevaricato contra la jueza, puesto que considera que asumió una determinación política, no legal, con el fin de que el revocatorio fracase.
Efectivamente, el ejecutivo boliviano consideró, según las palabras de San Miguel, que la ministra suplente Silvia Salame emitió opinión oficiosa usurpando funciones que no le competen. En ese sentido, el ministro calificó de ‘cantinflesco’ el pedido de la funcionaria, pues ella misma reconoció que la máxima instancia judicial del país carece de quórum y sus veredictos se emiten de forma colegiada.
Un Congreso ineficiente
La magistrada, por su parte, respondió a las autoridades que ella ocupa el cargo titular temporalmente “por la ineficiencia del Parlamento” y les aclaró que no admitió ningún recurso, sino que “simplemente lo que he hecho es decir: respétese la jurisprudencia del Tribunal, y el Tribunal dice claramente que cuando hay un recurso incidental de inconstitucionalidad, deja suspendida la competencia de la autoridad hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.
Esto implicó que, a pesar de que el TC necesita designar nueve magistrados para reanudar sus funciones, Salame haya llamado a la CNE a suspender la referida consulta, prevista para este 10 de agosto.
Por su parte, el ministro Sin Cartera de Defensa de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, realizó una pormenorizada explicación de las irregularidades que entraña la determinación unilateral de Salame.
Arce –abogado de profesión- enfatizó que una sola persona no puede pronunciarse sobre ningún caso, pues para ello se requiere una decisión consensuada.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, declaró que la decisión de Salame es “una muestra de que aún hay justicia en el país”, mientras que Murillo aplaudió a Salame por “sacar de la incertidumbre a los bolivianos”.
Mientras, la CNE anunció que no se pronunciará oficialmente hasta conocer un comunicado oficial del Tribunal Constitucional.
En el referéndum revocatorio los bolivianos decidirán la permanencia en sus funciones del presidente y vice de la República de Bolivia, y de ocho prefectos departamentales.
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