De esta manera, el Congreso de Bolivia aprobó convocar en los próximos 90 días un referendo para determinar la salida o permanencia en el poder del presidente Evo Morales, el vicepresidente y los prefectos de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Beni y Pando.
La norma fue enviada de manera sorpresiva al presidente Morales que tiene un plazo de diez días para vetarla, aunque aún no ha dicho si tomará esa decisión.
"El Ejecutivo va a evaluar pero esa aprobación después de tanto tiempo surge en momentos en que el gobierno y el país están tratando de encontrar soluciones a otro tipo de problemas como es consensuar la nueva constitución con los estatutos de autonomía", declaró el portavoz presidencial, Iván Canelas.
La ley de revocatoria fue propuesta inicialmente por el propio Morales en diciembre de 2007 cuando el país enfrentaba una crisis política en torno a la reforma constitucional.
La misma estuvo paralizada durante varios meses en la Cámara Alta y fue aprobada hoy por unanimidad, ya que incluso los senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron a favor.
La decisión del Senado da un nuevo giro a la crisis política que vive Bolivia por el enfrentamiento entre el proyecto de 'refundación' constitucional impulsado por Morales y las demandas autonómicas de varias regiones opositoras, lideradas por Santa Cruz.
De hecho, apenas dos horas antes de aprobarse la ley de referendo de revocación en la Cámara Alta, Morales había citado a los nueve prefectos (gobernadores) regionales, la mayoría opositores, para dialogar el próximo lunes en La Paz sobre la conflictiva situación del país, agravada tras el referendo autonomista cruceño.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, dijo que esta decisión del Senado es vista como una actitud "no sólo fuera de toda realidad actual, sino en una actitud de dañar y afectar y boicotear todo el proceso (...) quieren generar mayor incertidumbre o inestabilidad".
En sintonía, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz reconoció en rueda de prensa que con la aprobación de la ley, la oposición busca frenar al oficialismo en su intención de aprobar en referendo nacional la carta constitucional.
De llevarse a cabo el referendo, se preguntaría a los bolivianos si están de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio encabezado por Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.
Para revocar los mandatos hace falta que el 'no' supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales del 2005 -donde fueron elegidos- como el número absoluto de votos.
En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el 'no' a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en el 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.
Si los bolivianos rechazaran la continuidad del presidente y vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.
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