La organización internacional de policía Interpol hizo públicos hoy los resultados del análisis forense que el gobierno colombiano le encargara hace dos meses atrás sobre las computadoras decomisadas en una intervención del ejército de Colombia a un campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo pasado.
En los ocho elementos analizados -3 notebooks, dos discos rígidos externos y tres pendrives-, había 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes y 10.537 archivos multimedia, los que pesaban en total 600 gigabytes de información.
A una persona le tomaría 1.000 años, leyendo 100 páginas por día, conocer el contenido de las piezas de evidencia que se le entregaron a la Interpol, reconoció el Secretario General, Ronald Noble, quien destacó la independencia e integridad del organismo en la evaluación de la evidencia.
Noble le hizo conocer a Colombia que los especialistas de Interpol en investigación informática forense no descubrió “evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión” en los archivos analizados.
"Tras el pormenorizado y exhaustivo análisis forense que hemos realizado de cada una de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, y tras el estudio de todas las evidencias examinadas por nuestros especialistas, Interpol concluye que no se produjo ninguna falsificación ni alteración de los datos contenidos en dichas pruebas instrumentales tras su decomiso por las autoridades colombianas, practicado el 1 de marzo de 2008", declaró al respecto el secretario general Ronald Noble.
El funcionario agregó en rueda de prensa en la Cancillería que en la evaluación de los archivos participaron 64 funcionarios de la entidad que invirtieron 4 mil horas de trabajo desde el 4 de marzo pasado.
Noble reconoció que hubo acceso directo (de las autoridades colombianas), pero para tener acceso y descargar el contenido, no para modificarlo. Pese a que en el informe se reconoció la actuación de la policía judicial de Colombia, la cual fue efectuada de acuerdo los principios reconocidos internacionalmente para el manejo de pruebas electrónicas, no se dijo lo mismo del primer cuerpo en intervenir: la unidad antiterrorista colombiana. En efecto, los efectivos del ejército no respetaron los principios de esta índole aplicables en circunstancias ordinarias, si bien no se alteraron los documentos.
Formación de funcionarios
En este sentido, el secretario general Noble se expresó sobre la situación que, en general, se enfrentan los primeros que llegan a los lugares en que tienen lugar los incidentes de esta índole. "En las operaciones policiales que se efectúan en todo el mundo es corriente que las primeras unidades policiales que llegan al lugar de los hechos accedan directamente a las pruebas electrónicas decomisadas en lugar de hacerles copias protegidas contra la escritura. En particular, las unidades antiterroristas consideran que hay que obtener y analizar las pruebas inmediatamente para evitar el próximo atentado. En una de sus tres recomendaciones Interpol propone que la policía dedique más tiempo y más recursos a la formación de los funcionarios que primero intervienen en el lugar de los hechos para limitar ese tipo de situaciones, por ejemplo cuando dichos funcionarios deben decidir entre acceder directamente a las pruebas decomisadas o arriesgarse a que se produzca un nuevo atentado", añadió el Sr. Noble.
En el informe de Interpol también se resalta que el cometido de su peritaje técnico no es en absoluto evaluar la exactitud o las fuentes del contenido de las pruebas instrumentales.
Imagen de los elementos analizados por Interpol:
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