El operativo federal contra el narcotráfico que protege el violento estado mexicano de Sinaloa (noroeste) añadirá otros 1.260 agentes a los 2.723 solados y policías que lo integran ya, informó hoy la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El Ejecutivo mexicano y el estatal pusieron en marcha en mayo este operativo conjunto, denominado Culiacán-Navolato, para frenar la violencia del crimen organizado en la entidad, que suma más de 500 muertos este año, según datos extraoficiales.
Sinaloa, considerado la cuna del narcotráfico mexicano, es la base del poderoso cártel del mismo nombre, comandado por el prófugo Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La guerra interna por el territorio entre los cárteles del país -Sinaloa, Juárez, el Golfo y Tijuana, principalmente- ante el acoso de los operativos federales que vigilan México es el factor responsable del aumento de la violencia, según analistas.
En lo que va de año, el país acumula unos 2.160 muertos por causa del crimen organizado, de acuerdo con recuentos de la prensa mexicana.
Desde diciembre de 2006, cuando comenzaron los operativos federales de seguridad, la violencia se ha cobrado la vida de 4.860 personas, la mayoría en los estados del norte del país, donde los cárteles son más fuertes.
Las cifras se acercan a las de Colombia en los tiempos en los que la nación suramericana era golpeada con más dureza por el narcotráfico, los años ochenta y noventa, con capos como Pablo Escobar.
Con los nuevos efectivos, el operativo Culiacán-Navolato estará conformado por un total de 4.000 personas, de los que la mitad son policías y el otro 50 por ciento militares.
Hasta el momento el número de policías federales en el operativo era de 740.
La SSP pretende con esta incorporación reforzar las acciones de inteligencia, un tema sobre el que activistas y analistas declaraban más reducido de lo deseado y cuya falta implicaba mayor número de choques armados.
Los operativos de seguridad federal son comunes en México desde la llegada al poder del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006.
El mandatario declaró la guerra al narcotráfico y privilegió el envío de efectivos militares y policías de ámbito federal a los puntos más conflictivos del país, por contar con mayores medios que las agentes locales y estatales.
Los operativos han investigado también a estos cuerpos de policía en busca de lazos con el narcotráfico, ya que parte de las víctimas registradas son agentes a los que se les presumía alguna relación con las mafias de la droga.
Asimismo, decenas de agentes de estos cuerpos han abandonado el servicio por temor a represalias de los sicarios del narcotráfico.
