El episodio forzó la salida del ministro del Interior, Carlos Filizzola; y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, quienes dejaron sus cargos presionados por el Congreso.
"El ministro Carlos Filizzola puso su cargo a disposición, tanto así como el comandante de la Policía Nacional (...) El presidente aceptó", dijo a periodistas el ministro de Educación, Víctor Ríos.
Filizzola había anunciado más temprano que siete policías y por lo menos nueve labriegos fallecieron en el operativo. Otro agente murió mientras era trasladado a la capital en helicóptero y las autoridades no descartaron un número mayor de víctimas entre los campesinos, que eran buscados en una zona densamente boscosa.
El Gobierno del presidente socialista Fernando Lugo ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en la zona y descartó la presencia del grupo de extrema izquierda Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el choque.
"Se actuó en base a una orden judicial para el desalojo (...) hubo disparos de parte de ellos, la policía también tuvo que responder a eso", dijo Filizzola al comentar el hecho ocurrido en unos terrenos privados de la colonia Ybyrá Pyta en el departamento Canindeyú, a unos 240 kilómetros de Asunción.
El comandante del Ejército anunció que unos 150 efectivos militares serían enviados a la zona ubicada en la frontera con Brasil, un área donde coexisten campos de soja, cría de ganado vacuno y grandes cultivos ilegales de marihuana.
"Todos los organismos de seguridad del Gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán la calma y tranquilidad a esta región", dijo el presidente Lugo en un mensaje a la nación.
El dirigente campesino José Rodríguez afirmó a una radioemisora local que los labriegos que murieron en la refriega eran parte de la denominada Liga Nacional de Carperos, que resolvieron resistirse al desalojo.
"Son campesinos humildes que han decidido tomar esa decisión lamentablemente", dijo.
Pero la fiscal Ninfa Aguilar declaró que el grupo tenía entrenamiento militar, armas de guerra y bombas caseras. "Están vestidos con ropa militar (...) prepararon trincheras, bombas, tenían todo listo para combatir. No son simplemente campesinos, estaban preparados para el enfrentamiento", aseguró.
Aguilar no descartó la presencia del EPP, un pequeño grupo radical responsable de secuestros y asesinatos durante la última década que opera en el norte del país y aspira a convertirse en una guerrilla. Filizzola dijo que el Gobierno no tenía elementos para vincularlo con el conflicto.
Una fuente policial dijo que todos los agentes muertos recibieron impactos de bala de grueso calibre en la cabeza.
La hacienda de unas 2.000 hectáreas pertenece a un conocido empresario local que hace unos 20 días denunció el ingreso del grupo de unas 100 familias.
Las organizaciones campesinas denuncian que son "tierras mal habidas", producto del reparto a aliados durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
10º / 18º
