Alberto Pinto, ex Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), salió libre del penal de Miguel Castro Castro, donde cumplía una condena de 15 años, desde 2008, por haber prestado apoyo logístico y económico a un escuadrón de aniquilamiento del ejército, denominado grupo Colina, que perpetró una matanza de nueve campesinos en la provincia del Santa y el asesinato del periodista opositor Pedro Yauri.
"Nos guste o no, tenemos que cumplir una sentencia judicial", dijo a la AP el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Luis Pérez, al confirmar la liberación de Pinto.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado Javier Villa Stein, falló a favor de su libertad el pasado viernes en un dictamen que alega que Pinto sólo se limitó a cumplir las órdenes que le impartieron.
La liberación de Pinto "es la consecuencia de este fallo tan indignante", declaró a la AP la abogada Gloria Cano, que representó a los deudos de las víctimas de las matanzas del Santa, y del periodista Yauri.
Dijo que Pinto tiene aún dos procesos en su contra por otros dos crímenes, pero que se le ha dado la posibilidad de enfrentarlos con orden de comparecencia.
El ex militar, al salir libre, dijo a los reporteros en las afueras del penal que fue jefe del SIE pero "no soy Colina".
"He sido absuelto", expresó, al considerar justa su liberación.
Además de la sentencia favorable a Pinto, la Corte Suprema rebajó la condena de 25 años, que pesaba sobre el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, y otros miembros de Colina, a 20 años de prisión, lo que suscitó el repudio de organismos defensores de los derechos humanos, e incluso del propio presidente Ollanta Humala.
El fallo señala que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las murieron 25 civiles a manos de Colina, no fueron "delitos de lesa humanidad", sino homicidios, lo que en la práctica abrirá la posibilidad de que los beneficiados puedan dejar la cárcel antes del tiempo real en que finaliza su condena.
El martes, el gobierno, presentó una acción de amparo contra el polémico fallo.
"En el marco constitucional peruano se establece la posibilidad de interponer demandas contra resoluciones judiciales... para revertir sentencias que vulneran derechos constitucionales y garantías constitucionales", dijo el viceministro de Derechos Humanos Daniel Figallo, tras presentar el recurso legal.
El lunes por la noche, grupos de ciudadanos, activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas de Colina se reunieron frente a la sede del Poder Judicial para expresar su rechazo a la sentencia de la Corte Suprema que favorece a los miembros del escuadrón.
Los 15 militares beneficiados asesinaron, según diversas sentencias judiciales, a decenas de opositores y civiles acusados de ser rebeldes, con conocimiento del entonces gobernante Fujimori, quien también purga una condena de 25 años por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
Los grupos defensores de los derechos humanos advierten que el fallo de la Corte Suprema arriesga los esfuerzos hechos en los últimos tiempos para evitar la impunidad en el país.
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