Los magistrados del IFE han decidido por ocho votos a favor y uno en contra declarar improcedentes las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista, argumentando que no hay pruebas suficientes que las respalden.
Sobre la denuncia de difundir propaganda de forma encubierta a través de la cadena Televisa, los magistrados han indicado que es improcedente porque los otros candidatos presidenciales también acudieron a medios de comunicación y porque la prensa tiene libertad para elegir sus contenidos.
El único consejero que se ha expresado su rechazo ha sido Alfredo Figueroa, al considerar que el Consejo General del IFE no ha investigado de forma exhaustiva las denuncias, porque ni siquiera se citó a las personas implicadas.
En la misma línea, los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) --uno de los partidos políticos que forman el Movimiento Progresista-- Pablo Gómez y Camerino Márquez han considerado un "escándalo" la "censura" ejercida por las autoridades electorales.
"Ha habido una ausencia total de investigación, ya no digamos exhaustiva, como establece que debe ser la ley y la jurisprudencia, sino una investigación que pueda llevar ese nombre", ha dicho Gómez, en declaraciones recogidas por el diario 'La Jornada'.
El Movimiento Progresista ha presentado un juicio de inconformidad para anular los comicios presidenciales denunciando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganador de los mismos, ha cometido fraude electoral.
En concreto, ha acusado al PRI de comprar cinco millones de votos regalando bonos de supermercado, tarjetas telefónicas y material de construcción a los votantes; de utilizar recursos de procedencia ilícita --públicos o del crimen organizado-- en la campaña electoral, y de sobrepasar los límites legales de gasto.
Por su parte, el PRI ha acusado al Movimiento Democrático de utilizar recursos ilícitos para financiar la campaña electoral de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en este caso dinero público; de sobrepasar los límites legales de gasto; y de ocultar a las autoridades el origen y el destino de los fondos.
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